La movilización, prevista para el sábado 18, busca que el Gobierno ponga en vigencia la norma ratificada por el Congreso y vetada por Milei. También habrá un paro total el martes 21 si no se cumple el plazo legal.
Una nueva jornada de protesta se prepara en defensa de la salud pública. Médicos, enfermeros y trabajadores del Hospital de Pediatría Dr. Garrahan marcharán el próximo sábado 18 de octubre desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos. La convocatoria, que partirá a las 14:30, busca reclamar al presidente Javier Milei la implementación efectiva de la ley de emergencia pediátrica, junto con las normas vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario, todas aprobadas por el Congreso y vetadas por el Ejecutivo. La protesta incluirá un “ruidazo” frente a la residencia presidencial y contará con la participación de sectores universitarios y organizaciones del ámbito de la discapacidad, en un reclamo conjunto por salud, educación y derechos sociales.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) convocó a toda la comunidad a sumarse a la caravana “con cualquier medio de transporte”. Según explicaron, el pedido trasciende los intereses del hospital: “El presidente y su gobierno no nos escuchan, por eso vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y hacemos ruido para que nos escuchen”, expresaron desde la entidad gremial. El mensaje apunta a que la aplicación de estas leyes beneficiaría al conjunto de la sociedad, desestimando los argumentos oficiales sobre la falta de fondos.
Mientras tanto, el clima de tensión crece dentro del hospital. Un sector del personal resolvió en asamblea convocar un paro total para el martes 21 de octubre, fecha límite para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia en salud pediátrica. “Ese día será el último que tiene el gobierno de Milei para implementar la ley de emergencia en salud pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes (sanción e insistencia contra el veto)”, señaló Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.
El dirigente también criticó la gestión de los recursos públicos: “La excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”, afirmó.
De manera paralela, el personal hospitalario planea reforzar la articulación con otros sectores afectados. El martes 14 se reunirán con docentes de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y con colectivos del movimiento de discapacidad, mientras que el miércoles 15 realizarán un nuevo “ruidazo” frente a la sede del Garrahan. “Además de nuestras propias acciones de lucha, e incluso presentaciones legales, realizaremos una coordinación con trabajadores y trabajadoras de la universidad y del movimiento de discapacidad. El reclamo por la implementación de las tres leyes nos encontrará juntos en las calles”, agregó Lipcovich.
Por su parte, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, destacó el carácter amplio del reclamo: “El reclamo no pertenece solo a los trabajadores del hospital, sino que involucra a toda la sociedad porque si ganan el Garrahan, la discapacidad y la universidad, ganamos todos”.
En tanto, desde ATE subrayan que los recientes logros salariales fueron producto directo de las medidas de fuerza. Gerardo Oroz, dirigente del gremio, explicó que “el bono de $350.000 y $450.000 que conquistamos será permanente, según anunciaron tanto el gobierno como las autoridades del Garrahan”, y recordó que esa mejora “fue el resultado de huelgas, asambleas y movilizaciones”. Además, insistió en que la recomposición salarial a niveles de noviembre de 2023 responde a un mandato legal, y advirtió que, si el Ejecutivo intenta desconocer los derechos laborales, “redoblarán la lucha y lo pondrán contra las cuerdas”.
