La Justicia porteña impuso penas de prisión en suspenso e inhabilitación a los apoderados y a la directora médica del Apart Incas. Además, deberán indemnizar con cuatro millones de pesos por cada víctima.
El juicio por la tragedia sanitaria ocurrida en el geriátrico Apart Incas de Belgrano durante el primer año de la pandemia de COVID-19 concluyó con una sentencia condenatoria. Este lunes, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsabilizó a tres de los involucrados por el brote de coronavirus que provocó la muerte de diez residentes en abril de 2020.
Según determinó el fallo, los apoderados del geriátrico Luis Daniel Megyes y Hugo Visca fueron condenados a 18 meses de prisión en suspenso y se les prohibió ejercer la administración de residencias de adultos mayores por el plazo de tres años. En tanto, la médica Carla Raffo, quien se desempeñaba como directora sanitaria de la institución, recibió una condena de dos años de prisión también en suspenso y fue inhabilitada para ejercer funciones similares por el término de cuatro años.
La resolución fue adoptada por mayoría, con el voto disidente del presidente del tribunal, e incluyó la obligación de pagar una indemnización de cuatro millones de pesos por cada una de las víctimas que reclamaron en la Justicia Civil. El fallo consideró que los tres condenados incurrieron en los delitos de propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa y violación de medidas epidémicas.
En este sentido, el tribunal integrado por los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo decidió absolver a la exfuncionaria del gobierno porteño Paula Trunzo, así como a Alicia Haydee Allegue y Daniela Alejandra Gonzalo, quienes se desempeñaban como presidenta y vicepresidenta del geriátrico respectivamente. Estas tres mujeres también enfrentaban acusaciones, pero fueron liberadas de responsabilidad penal.
Durante el proceso judicial, tanto la fiscalía a cargo de Maximiliano Vence como la querella habían solicitado penas más severas, de entre tres y cuatro años de prisión. Sin embargo, el tribunal se inclinó por condenas de menor gravedad, lo que generó el rechazo de varios familiares de las víctimas.
Uno de los más críticos fue Sergio Federovisky, exsecretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, cuya madre residía en el geriátrico durante el brote, aunque falleció tiempo después. Expresó: “Un anciano que muere producto del abandono y la desidia vale 3500 dólares, es muy fuerte”. A su vez, cuestionó la actitud del tribunal: “Sin pruebas, pero con mucha convicción, puedo decir que el tribunal estaba dispuesto a absolverlos y no lo hizo porque los familiares fuimos todos los días».
Además, recordó que durante el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2020, cuando el brote alcanzaba su pico, “los tres condenados desaparecieron y dejaron a 28 abuelos internados a cargo de un electricista y un empleado de mantenimiento”. Según relató, incluso recibieron un correo electrónico solicitando que retiraran a los familiares contagiados y se los llevaran a sus casas.
Frente a la resolución judicial, tanto los abogados defensores como los representantes de las víctimas anticiparon que apelarán el fallo. Catalina Santoro, integrante del estudio jurídico SAB y defensora de la médica Raffo, afirmó: “Estamos en desacuerdo con la decisión. Hay elementos que probaron que Raffo actuó con la diligencia debida y de acuerdo al conocimiento que había del virus al inicio de la pandemia COVID-19”.
En la misma línea, Rafael Cúneo Libarona, defensor de los apoderados, sostuvo: “Estamos muy sorprendidos con la condena, ya que, para la época de los hechos, la pandemia recién había comenzado y no existían protocolos definidos del gobierno de la Ciudad, porque todas las semanas se cambiaba un protocolo diferente”. El abogado remarcó que “la existencia de los asintomáticos tornaba impredecible e imprevisible el poder de contaminación del virus COVID 19” y señaló que el establecimiento “no era un hospital, sino una casa de residencia de personas mayores”.
Por su parte, Megyes, uno de los condenados, manifestó: “No entendí por qué me condenaron y estoy ansioso por escuchar los fundamentos. Yo pedí que se derivaran los pacientes de inmediato. Nadie dijo que haya dicho nada indebido, por eso no entiendo la condena”. Además, adelantó que denunciará por falso testimonio a Sergio Federovisky.
El caso se originó el 21 de abril de 2020, cuando el gobierno porteño ordenó evacuar y clausurar el geriátrico, ubicado en la intersección de la avenida de los Incas y Zapiola, en el barrio de Belgrano. En ese momento, ya se habían confirmado 16 contagios. Finalmente, el virus alcanzó a 28 de los 33 residentes, y diez de ellos murieron. También se contagiaron diez de los catorce empleados.
La propagación del virus en el Apart Incas reveló múltiples fallas en el manejo sanitario del establecimiento. La investigación judicial identificó al menos nueve irregularidades, entre ellas, la falta de controles médicos regulares como la toma de temperatura, la ausencia de hisopados al personal, historias clínicas desactualizadas y presiones para que empleadas continuaran trabajando pese a presentar síntomas compatibles con el COVID-19.
