Unión por la Patria presentó un proyecto en la Legislatura para expresar su preocupación y denunciar que la medida contradice la Ley de Educación Nacional. Docentes y familias mantienen protestas en el Distrito Escolar 15.
El conflicto por el cierre de grados en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires escaló en las últimas semanas. La Legislatura porteña manifestó su rechazo a la medida que afecta a siete instituciones del Distrito Escolar N°15, tras la presentación de un proyecto por parte del bloque de Unión por la Patria (UxP), en el que se advierte que esta decisión vulnera principios fundamentales establecidos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
En concreto, el viernes 18 de julio, las comunidades escolares de las escuelas primarias N°1, 2, 8, 12, 18, 19 y 22 realizaron abrazos simbólicos a sus edificios en señal de protesta. Familias, docentes y equipos de conducción se movilizaron con fuerza para visibilizar su desacuerdo frente a lo que consideran un nuevo ajuste del sistema educativo público. Entre las principales consignas, se repiten #NiUnGradoMenos y #NiUnPuestoDeTrabajoMenos.
El proyecto presentado en la Legislatura expresa una “profunda preocupación por el cierre de secciones o grados” en estas escuelas, ubicadas en barrios como Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan. En el documento se destaca que los argumentos oficiales para justificar la medida se centran en criterios cuantitativos, sin contemplar el impacto social, pedagógico y comunitario de la decisión. En este sentido, la diputada Maia Daer, autora de la iniciativa, sostuvo: “Según las autoridades, la decisión se basa en variables cuantitativas; sin embargo, la comunidad educativa considera que no se han evaluado de manera integral los aspectos pedagógicos, sociales y comunitarios que constituyen una educación de calidad e inclusiva”.
Uno de los casos más alarmantes es el de la Escuela N°22 “Félix de Azara”, ubicada en la calle Tamborini 3948, donde se anticipa el cierre de cuatro divisiones entre 1° y 4° grado. Esta medida podría afectar directamente el funcionamiento institucional y las trayectorias escolares de los estudiantes. A su vez, desde las comunidades educativas advierten que la reorganización impactará negativamente en la calidad de la enseñanza, el trabajo docente y la integración escolar.
Asimismo, Daer argumentó que “las decisiones de reorganización deben ser contextualizadas y no basarse únicamente en cifras estadísticas. Es imprescindible mantener un enfoque territorial, participativo y pedagógico, dialogando con las escuelas, equipos directivos, supervisores y la comunidad educativa, en respeto a los principios del federalismo y del gobierno escolar democrático”.
Por su parte, el legislador Matías Barroetaveña remarcó que el Gobierno de la Ciudad justifica el cierre de grados por la baja matrícula, producto de la caída de la natalidad. Sin embargo, advirtió que esta situación podría utilizarse para mejorar la relación docente-alumno en lugar de suprimir divisiones. “Esa baja en vez de ser aprovechada como una oportunidad para mejorar la relación docente-alumno y para mejorar todo lo que tiene que ver con la asistencia en el grado, está siendo utilizado para cerrar y para complicarle la vida tanto a docentes como a estudiantes que deben reorganizarse a mitad de año”, expresó.
Además, Barroetaveña sumó críticas al proceso de reformas en el nivel secundario, que habría excluido materias y dejado fuera del sistema a numerosos docentes. En ese marco, reclamó la presencia de la ministra de Educación, Mercedes Miguel, en la Legislatura, con el objetivo de dar explicaciones o responder los pedidos de informe que permanecen sin respuesta. “Por todo eso creemos que la ministra de Educación (Mercedes Miguel), debería concurrir a la legislatura para poder conversar sobre estos temas o por lo menos contestar nuestros pedidos de informe”, manifestó.
En tanto, desde los gremios docentes se expresaron en duros términos contra la medida. La Asociación Docente Ademys advirtió que la decisión fue tomada sin consultar a docentes, directivos ni a las comunidades escolares. “Se toma una decisión unilateral y basada solo en números. Afecta la calidad educativa, al aumentar la cantidad de estudiantes por aula. Debilita los proyectos institucionales construidos colectivamente. Perjudica a los alumnos con trayectorias más vulnerables. Contradice principios del Régimen Académico, la Ley de Educación Nacional y la Constitución de CABA”, detallaron en un comunicado. En la misma línea, sentenciaron: “El cierre no es sinónimo de optimización. Es fragmentación, retroceso y pérdida de derechos”.
También la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) expresó su apoyo a las protestas de las familias y docentes, y solicitó que el Ministerio abra un “diálogo real con las comunidades educativas de cada escuela”. Las movilizaciones, asambleas y manifestaciones se mantendrán mientras no haya una respuesta oficial que revierta la situación.
