Los ciudadanos que no se presenten a votar en las elecciones legislativas del próximo domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán abonar una multa o justificar su inasistencia ante la Justicia Electoral. En caso de no hacerlo, se aplicarán sanciones administrativas y la inhabilitación para realizar trámites públicos.
A cinco días de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los electores empadronados que no concurran a emitir su voto el próximo domingo 18 de mayo deberán afrontar una multa cuyo valor oscila entre 1.000 y 2.000 pesos, según lo establecido en el artículo 125 del Código Nacional Electoral (CNE). El monto exacto dependerá de la cantidad de infracciones previas que registre cada ciudadano, además de otras posibles consecuencias administrativas si no se presenta una justificación válida.
En este sentido, quienes decidan no participar del acto comicial deberán justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección, tal como lo dispone el Código Nacional Electoral. “Se impondrá una multa económica a aquellos que no emitan su sufragio y no lo justifiquen ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección”, establece el artículo 125. Aquellos que no abonen la penalidad ni presenten un motivo aceptado por la ley quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante tres años y no podrán realizar trámites ante organismos estatales durante un año.
Asimismo, el artículo 18 del CNE advierte que quienes acumulen faltas sin regularizar “no podrán desempeñar funciones o empleos públicos” dentro del período de inhabilitación establecido, y que dicha restricción incluye tareas administrativas de rutina, como la gestión de documentos, subsidios o permisos, entre otras.
De tal modo, quienes se encuentren imposibilitados de votar deberán presentar una documentación específica que respalde su ausencia. Entre los motivos válidos contemplados por la legislación se incluyen situaciones médicas debidamente comprobadas, afectaciones laborales impostergables en organismos públicos o empresas de servicios esenciales, razones judiciales o la imposibilidad física de asistir al lugar de votación por hallarse a más de 500 kilómetros de distancia.
En este último caso, los ciudadanos deberán dirigirse a la comisaría más cercana para obtener una constancia oficial, o bien al consulado correspondiente si se encuentran fuera del país. Para quienes aleguen problemas de salud, la justificación debe ser certificada por un médico del servicio de sanidad nacional, aunque también se acepta la intervención de profesionales oficiales, provinciales o municipales. En caso de no contar con estos, será válido un certificado emitido por un médico particular.
En tanto, aquellos que opten por abonar directamente la multa deberán hacerlo en la Secretaría Electoral del distrito correspondiente. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo se encuentra ubicado en Tucumán 1320, en el centro porteño. La información detallada sobre la modalidad de pago y los pasos a seguir puede consultarse a través del sitio web oficial de la Justicia Electoral.
Una vez realizado el pago, el juez electoral del distrito, si no coincide con el domicilio del infractor, “comunicará la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el elector”, tal como se dispone en el artículo 125 del Código Nacional Electoral. Este procedimiento busca unificar los registros de faltas y sanciones, manteniendo actualizada la situación legal de cada votante ante el sistema.
Por su parte, los trabajadores de servicios públicos o de la Justicia que deban cumplir funciones el día del comicio deberán contar con una certificación oficial emitida por su empleador. La nómina correspondiente debe presentarse ante el Ministerio del Interior con una antelación mínima de diez días, a fin de que los responsables queden debidamente exceptuados de la obligación de sufragar.
Cabe recordar que el voto es obligatorio en la Ciudad para todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años. En tanto, quienes se encuentren fuera de ese rango etario pueden votar de forma voluntaria, sin penalidades en caso de no presentarse. La omisión del sufragio sin causa justificada afecta directamente el derecho a acceder a cargos públicos o a realizar trámites ante organismos estatales, una medida que busca preservar la participación ciudadana en los procesos democráticos.
En la misma línea, el cumplimiento del deber cívico no solo responde a una obligación legal sino también a una práctica fundamental del sistema republicano. La asistencia a las urnas fortalece el principio de representatividad y legitima la toma de decisiones políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
