Recibió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por ordenar la entrega irregular del vehículo y la eliminación de sus datos del sistema.
En un juicio abreviado, un supervisor de una playa de acarreo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos tras admitir su responsabilidad en la desaparición de un automóvil que había sido remolcado por mal estacionamiento. El acusado ordenó la entrega del vehículo a dos personas no identificadas y posteriormente instruyó a una empleada para que borrara los datos del auto del sistema. Desde entonces, el vehículo y los individuos que lo retiraron no volvieron a aparecer.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informó que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12, dirigida por el fiscal Sebastián Fedullo, acordó con la defensa del imputado la pena mínima por sustracción de caudales públicos, delito contemplado en el artículo 263, en función del 261, del Código Penal.
El artículo 261 del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo». Asimismo, el artículo 263 amplía esta disposición a los administradores y depositarios de bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
El caso se originó el 2 de febrero de 2020, cuando una grúa de la concesionaria BRD SA removió un Chevrolet Aveo mal estacionado de la calle. El propietario del vehículo se presentó ese mismo día en la playa subterránea de acarreo ubicada en Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro de la ciudad, pero al no contar con el dinero suficiente para pagar el acarreo, se retiró sin el auto.
Días después, cuando el dueño regresó para retirar su vehículo, le informaron que el auto ya no estaba, ya que dos personas se lo habían llevado. Ante esta situación, el propietario del coche presentó una denuncia ante la Justicia porteña.
Las investigaciones, que incluyeron testimonios de operarios de la playa y el análisis de las cámaras de seguridad, revelaron que el supervisor de turno había ordenado la entrega del Chevrolet Aveo a dos personas desconocidas y luego pidió a una empleada que eliminara los datos del vehículo del sistema por un supuesto «error de tipeo». Nunca presentó la documentación justificatoria para dicha acción.
Con la investigación finalizada, el fiscal Fedullo avanzó hacia la sentencia. El acusado, a través de su defensa, aceptó su responsabilidad penal por el delito de sustracción de caudales públicos y acordó la condena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El acuerdo fue homologado por el juez Juan Manuel Neumann, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°12.
