El Observatorio del Derecho a la Ciudad y Basta de Demoler presentaron un amparo ambiental para impedir que se descatalogue y se derribe la estructura centenaria que une Palermo con Colegiales.
Se reavivó la polémica en torno al futuro del puente Ciudad de la Paz, la centenaria estructura metálica que conecta los barrios de Palermo y Colegiales. Dos organizaciones civiles presentaron en las últimas horas una acción de amparo colectivo ambiental con el objetivo de frenar su demolición y reclamar que el gobierno porteño cumpla con el procedimiento legal para garantizar su preservación patrimonial.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezado por Jonatan Baldiviezo, y la asociación Basta de Demoler, presidida por Ana Bas, reclamaron a la Justicia que se ordene al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) abstenerse de tratar la descatalogación del puente. Al mismo tiempo, pidieron que se instruya al Poder Ejecutivo porteño para que remita a la Legislatura el proyecto de ley destinado a su catalogación definitiva.
El puente, construido en 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze, fue reabierto en marzo pasado luego de permanecer cerrado durante dos años. Sin embargo, pocos meses después el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una licitación para construir un nuevo paso vehicular. Según explicó, la intención era habilitar el tránsito de camiones y reforzar la seguridad vial.
Desde julio, el CAAP postergó en cinco oportunidades el debate sobre la posible descatalogación de la estructura. La reunión prevista para hoy marcaría el sexto intento de tratar la cuestión. Mientras tanto, Basta de Demoler y la Fundación Ciudad enviaron una carta abierta a los miembros del organismo en la que citaron el Informe Polimeni, un estudio elaborado a pedido del gobierno porteño por el ingeniero civil Martín Polimeni, que recomendaba avanzar en un proyecto de rehabilitación del puente. Según las entidades, ese informe no fue presentado al CAAP de manera completa.
Baldiviezo advirtió que “la omisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley a la Legislatura también está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana, incluyendo la convocatoria a una Audiencia Pública Obligatoria tal como establece la Constitución de la Ciudad para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial”. Además, resaltó que la medida cautelar busca evitar “un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad”.
El puente, de acero remachado al estilo inglés, se extiende por 52 metros y se eleva lo suficiente para atravesar las vías del ferrocarril Mitre. En su origen fue pensado para el paso de tranvías, pero desde la década del sesenta se adaptó para vehículos particulares y peatones. Durante su última restauración se reforzaron reticulados e incorporaron perfiles metálicos nuevos.
En su reapertura, Jorge Macri había manifestado: “Hablamos con los vecinos y escuchamos un reclamo de años: un puente cerrado, que muchos decían que no se podía reparar, y una obra pospuesta durante mucho tiempo; hemos cumplido con las obras, las ejecutamos en serio”. Sin embargo, meses más tarde planteó la necesidad de su demolición.
Frente a este cambio de postura, Ana Bas cuestionó que “las autoridades porteñas pasaron de considerar este puente con valor histórico testimonial y ser catalogado como bien patrimonial a pedir que se lo descatalogue por no se sabe qué causa. De decir que es un puente emblemático recuperado, a que su rehabilitación es imposible”. A su vez, denunció que el gobierno local dejó de escuchar a profesionales técnicos y de atender la participación ciudadana en las decisiones sobre el espacio urbano.
El debate también involucró a especialistas en patrimonio. El arquitecto Marcelo Magadán sostuvo que “ante la falta de respuesta del gobierno porteño a los reiterados pedidos de los vecinos, de los patrimonialistas y de las organizaciones sociales, hubo que llegar a la presentación de una acción de amparo para preservar este puente de gran valor histórico”. Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis destacó que el puente “lleva funcionando 107 años y tiene un alto valor histórico, arquitectónico, ingenieril, urbano y simbólico. El propio gobierno de la Ciudad reconoció su valor patrimonial incorporándose al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales”.
En este sentido, remarcó que, aunque el gobierno y AUSA sostienen que la demolición se justifica por problemas de seguridad y fallas estructurales, existen estudios de técnicos de la Ciudad y de la Universidad de Buenos Aires que avalan la posibilidad de rehabilitar la estructura. “Existen alternativas ingenieriles viables que permitan preservar este puente emblemático de nuestra ciudad”, concluyó.
La pulseada en torno al puente Ciudad de la Paz enfrenta a funcionarios que impulsan su demolición y a organizaciones sociales que exigen su protección definitiva. Mientras la Justicia analiza el amparo presentado, el destino de la centenaria estructura continúa en suspenso, en medio de un debate que combina patrimonio, seguridad y participación ciudadana.
