Un hombre de 42 años recibió una pena de dos años de prisión efectiva por agredir a su expareja y no cumplir con sus deberes económicos con sus hijos. La sentencia fue dictada por la jueza Laura de Marinis, a pedido del fiscal Martín Perel.
En un fallo que sienta precedente en materia de violencia de género, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a un hombre de 42 años a dos años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de lesiones e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La sentencia, dictada por la jueza Laura de Marinis, subrogante del Juzgado N.° 10, respondió a la solicitud del fiscal Martín Perel, de la Fiscalía PCyF N.° 28, que llevó adelante la investigación y el posterior juicio.
Los hechos que derivaron en la condena tuvieron lugar entre 2020 y 2024, en un contexto de violencia de género ejercida contra su expareja. A pesar de contar con una condena previa en suspenso y una prohibición de acercamiento, el agresor violaba estas medidas y se presentaba ante la víctima y sus hijos, provocando agresiones físicas y verbales. La denuncia de la mujer activó la intervención de la Fiscalía 28, que inició de inmediato una investigación exhaustiva.
En este sentido, la investigación pudo constatar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias del imputado hacia sus dos hijos. Asimismo, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal (MPF) hizo un seguimiento cercano del caso, brindando acompañamiento a la mujer y recolectando declaraciones clave para el proceso judicial. Durante el juicio, la fiscalía demostró la violencia que el imputado ejercía durante y después de la relación, en particular cuando se le exigían tareas de cuidado o aportes económicos para la manutención de los menores.
Además de las pruebas testimoniales, un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) resultó crucial. El documento estableció que el agresor fue titular de dos vehículos, los cuales vendió sin destinar el dinero obtenido para solventar las necesidades de sus hijos. Ante este panorama, el fiscal Perel imputó los hechos y calificó el contexto como violencia de género en sus modalidades física, psicológica, económica y simbólica, en línea con lo establecido por los tratados internacionales y la Ley Nacional de “Protección Integral de las Mujeres”.
En la audiencia judicial, el hombre recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, lo que significó la revocación de una condena condicional anterior. La sentencia también impuso una prohibición de acercamiento y contacto con todos los testigos del juicio, además de prohibir cualquier tipo de perturbación a su expareja y a los hijos que tienen en común. Finalmente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena, dejando firme el fallo y cerrando el caso de forma concluyente.
